Santo Domingo.-El presidente Luis Abinader depositó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que modifica el Código Tributario para permitir que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) almacene y procese datos de los contribuyentes no solo en servidores propios, sino también en centros de datos de terceros, servicios de computación en la nube y servidores externos al Estado.
La iniciativa busca cambiar el párrafo cuatro del artículo 56 de la Ley 11-92, sobre el Código Tributario, y establece que los datos personales registrados para acceder, enviar información o realizar declaraciones, el servicio de facturación electrónica o cualquier otro medio digital podrán ser manejados usando plataformas externas, siempre que se apliquen "medidas legales, organizativas y técnicas adecuadas".
"Los datos podrán ser recibidos, procesados y almacenados en centros de datos propios, de terceros o en servicios de computación en la nube", indica textualmente el nuevo párrafo propuesto.
Este cambio, de acuerdo con el proyecto de ley, busca modernizar la infraestructura tecnológica de la administración tributaria y dotarla de mayor flexibilidad, pero también plantea retos en la seguridad de la información.
La DGII seguirá siendo responsable de los datos
Aunque se habilita el uso de plataformas externas, el proyecto establece que la DGII mantendrá la titularidad y responsabilidad sobre la base de datos que custodia. Esto incluye la obligación de "salvaguardar los derechos de los contribuyentes".
Solo para fines fiscales y con respeto a la privacidad
Uno de los aspectos centrales del proyecto es que limita el uso de la información tributaria a fines estrictamente fiscales. De acuerdo con la pieza, la DGII deberá garantizar que los datos solo se usen para identificar correctamente a los contribuyentes y para otros fines expresamente autorizados por la ley.
En ese sentido, la propuesta reafirma el respeto al derecho a la intimidad y al honor de los contribuyentes, conforme a principios constitucionales como la licitud, lealtad, seguridad y finalidad.
El texto obliga a preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, prohibiendo el acceso de personas no autorizadas y cualquier uso distinto al previsto por la ley.
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